La iniciativa puesta en marcha por los abogados David Bravo y Javier de la Cueva para recoger denuncias contra el Estado español por "monopolio" de las entidades de gestión ha conseguido en apenas cinco días registrar 20.000 descargas de solicitudes de ciudadanos, aunque, tal y como explican los responsables de la iniciativa, la cifra exacta no se podrá conocer hasta que la Comisión Europea "empiece la siguiente fase del procedimiento".
Esta cifra se ha duplicado en el último fin de semana, ya que el pasado viernes las solicitudes descargadas se situaban en torno a las 10.000. Bravo ha facilitado en su blog una serie de preguntas y respuestas para aclarar las dudas que los ciudadanos puedan tener acerca de esta iniciativa, puesta en marcha a raíz de un informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC).
Entre otras cuestiones, el abogado asegura que no se trata de "una denuncia contra el Gobierno", sino contra la legislación española que "facilita" la existencia de unos monopolios prohibidos por la legislación europea. Asimismo, recuerda que el coste de la propuesta será de 2,49 euros por persona --el importe del franqueo del correo certificado-- y no obligará a los denunciantes a acudir al juicio.
"Es un procedimiento en el que no hay un juicio al que tengas que asistir. No todas las denuncias por vulneración del Derecho comunitario acaban en juicio puesto que el Estado denunciado suele corregir sus vulneraciones. Si al final existiese uno, éste se celebra ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el denunciante no tiene que asistir", afirma.
Además, Bravo resaltó la necesidad de contar con múltiples denuncias en este proceso. "Es un sistema habitual de reivindicación ya previsto por la propia Comisión Europea, que las canaliza acumulándolas todas en un sólo procedimiento. Mediante el sistema de denuncia múltiple, se comunica a la Comisión Europea no sólo la existencia de la posible infracción del Estado miembro sino también la preocupación que ésta suscita a los numerosos ciudadanos que se adhieren a la misma", argumenta.
Con esta estúpida manía de utilizar discos y memorias USB, CDs, DVDs e incluso la banda ancha de Internet ya nadie compra nuestros productos. La creatividad de nuestros autores -por ejemplo, acaba de sacar uno de nuestros socios un diskette color fosforito- se está viendo perjudicada.
Nosotros exigimos al gobierno que cree un canon para compensar las pérdidas de nuestro sector, pues este año hemos vendido... cuatro diskettes. ¡Con lo que llegamos a ser!
Sabemos que la compra y utilización de otros sistemas de almacenaje no es ilegal, pero alguien debe compensar las millonarias pérdidas que el sector de la fabricación y venta de diskettes va acumulando cada año. ¡Por los autores, por tu patrimonio tecnológico, SÍ AL CANON PRO-DISKETTES!
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